La Fiscalía Regional de Coquimbo se encuentra bajo el escrutinio público luego de las presiones del Gobierno para aclarar la solicitud de intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric, en el contexto de la investigación del Caso ProCultura. La fiscalía reiteró que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 19.913 sobre lavado de activos, esta causa está sujeta a reserva y no se pueden divulgar detalles específicos sobre su contenido o avances.
La institución aclaró que, “con el fin de resguardar la eficacia de la investigación y evitar cualquier interferencia en su desarrollo, la Fiscalía Regional no realizará declaraciones públicas respecto de los antecedentes o diligencias específicas de la causa.” Esta postura fue adoptada a pesar de las solicitudes de información tanto del Gobierno como de algunos congresistas del oficialismo, quienes han exigido transparencia en el proceso.
Reacción del Gobierno y del Congreso
La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, se pronunció sobre la situación, afirmando que estaban “a la espera de que sea la propia Fiscalía que pueda aclarar si es que este trascendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto, y a partir de ahí, bueno, tomar los resguardos que sean necesarios”.
Etcheverry destacó que “estamos hablando de jefes de Estado que tienen conversaciones, que tienen un resguardo especial, precisamente porque en caso de ser conocidas pueden comprometer la seguridad nacional, y eso es algo de lo que tenemos que estar todos preocupados de resguardar”.
Desde el Congreso, la situación ha generado críticas. Varios diputados han cuestionado la solicitud que el Fiscal Patricio Cooper habría presentado al Juzgado de Garantía, la cual fue rechazada. Desde la bancada del Partido Socialista, algunos miembros señalaron la posibilidad de que se presente una eventual emoción del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, lo que podría complicar aún más la situación.